Lamentablemente se están repitiendo muy seguido las tristes muertes de policías en Uruguay.
Como ha sido una constante en los últimos 15 años, las autoridades de gobierno han dejado en solitario al cuerpo policial. Cuando ocurren estos desgraciados hechos, ninguna autoridad se hace presente para darle sus condolencias y respetos a familiares y compañeros de actividad del fallecido.
Sin dudas la falta de apoyo a quienes deben proteger a la sociedad, ha expuesto aún más a ésta, frente a una delincuencia que no tiene piedad ante sus indefensas víctimas.
La pena de muerte, que luego de una larga discusión, felizmente saldada, dejó de existir a principios del S. XX en nuestro país, se ha impuesto en los últimos años de hecho, a manos de la impunidad que cuentan quienes asesinan. El 50% de los homicidios no se aclaran en Uruguay. ¡El 50%!
Lo que ha hecho el gobierno del Frente Amplio, es relativizar las muertes, como si hubiera muertes de primera y de segunda. Si aparece un cadáver y el individuo tenía algún antecedente judicial, rápidamente se lo cataloga como “ajuste de cuentas”.
Si el fallecido es un policía, el Ministerio del Interior, busca en las circunstancias del hecho, aunque parezca increíble, la responsabilidad del policía. “Que no tenía el chaleco antibalas”, “que no debió acudir sólo a un llamado”, “que no debía hacer un servicio de vigilancia privada”, etcétera.
¡Vergonzoso!
Para colmo, en el medio de esta seguidilla de homicidios y atentados contra efectivos, el Jefe de Policía de Montevideo expresó, que dentro de las recomendaciones a sus subordinados, está la de no andar por zonas peligrosas.
La “recomendación” encierra varias cosas. Por un lado, es una falta de respeto a los policías, responsabilizarlos una vez más del accionar delictivo. La culpa es de ellos por andar en zonas peligrosas.
En segundo lugar, es desconocer la realidad de miles de policías que viven en zonas complicadas, en las que los delincuentes reinan.
Por otro lado, es el reconocimiento de que hay zonas peligrosas en la que ni siquiera la policía debe andar. ¿Qué dejan entonces las autoridades para los civiles?
Hay zonas del territorio vedadas a la circulación segura, mandan los delincuentes y las autoridades policiales les dicen a sus propios efectivos que no anden por allí.
El Director Nacional de la Policía, Mario Layera, hace un tiempo declaró que estamos camino a convertirnos en El Salvador o Guatemala. La gestión del equipo que él integra ha hecho todo lo posible para que esa profecía se cumpla.
En pocas semanas asumirá un nuevo gobierno. El ministro del Interior designado, Jorge Larrañaga, ya ha demostrado su sensibilidad hacia el cuerpo policial, que es bienvenida.
También las medidas para combatir la inseguridad, se comenzarán a materializar en la Ley de Urgente Consideración, que entre otras cosas, le darán mayor protección a quienes tienen que cuidar de la seguridad de la población.
La ciudadanía aguarda rápidamente sus resultados.
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